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Categoría: Artículos

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Un poco de luz sobre la opacidad en la fijación del precio de la electricidad y la anécdota que lo explica

La confusión existente sobre cómo se determina el precio de la electricidad merece un artículo en el que se aclaren ciertos conceptos y el método utilizado ¿cómo se calcula el precio de la luz? La información que se está publicando es muy confusa y el mecanismo de subasta parece sumamente complejo, imposible de entender. Nada más lejos de la realidad.

Unas ideas previas.

La particularidad del sector eléctrico está en su funcionamiento. Para que la luz llegue su destino previamente debe de:

  1. Generarse (en centrales nucleares, térmicas, hidroeléctricas…)
  2. Transportarse (desde las centrales donde se genera, se envía por el tendido a su destino)
  3. Distribuirse (la entrada de la luz en casas, empresas, alumbrado público…)
  4. Comercializarse (esa distribución se hace tras firmar un contrato de suministro con la empresa correspondiente)

Debe de tenerse en cuenta que toda la luz generada (paso 1) se vuelca en (paso 2) una única red o tendido eléctrico. Por tanto, toda la energía, con independencia de su origen, se mezcla en la red de transporte. Sería ineficiente que cada empresa construyera su propia red de transporte al igual que sería ineficiente que cada empresa de ferrocarril construyera sus propias vías. Como consecuencia de ello, tampoco podemos diferenciar —en el momento de comercializar o distribuir la luz— el origen de la misma.

Sin embargo sí sabemos qué empresas se dedican a la generación, transporte y distribución / comercialización. El transporte no nos plantea ningún problema: sólo se realiza por Red Eléctrica de España, S.A. Respecto a las empresas de generación y comercialización, aquí tiene el ranking de las principales:

 

rankingsectorelectrico

rankingsectorelectrico2Fuente: Omel. Informe mensual Marzo 2013.

¿No le llama la atención que las mismas empresas que generan son las que comercializan?

La subasta

¿y en qué consiste la subasta? Pues en la mera compra por parte de las comercializadoras a las generadoras de la electricidad que éstas producen a un precio que cierran según la oferta y demanda de unas y otras.

Ahora póngase en el lugar de una gran empresa distribuidora. Y repare que a la vez es propietaria de una empresa de generación. Dado que el precio que a usted le van a pagar sus clientes viene dado por la subasta ¿no estará interesado en aumentar el precio para que así su empresa de generación obtenga mayor beneficio? La tentación es fuerte ¿verdad? Y parece que las empresas sucumben ante ella: tenemos la tercera tarifa de luz más cara de la UE. Estamos en el medallero.

Eurostat_Graph_ten00115

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La anécdota que demuestra que (nuevamente) se trata de un problema político.

A finales de los años noventa, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (más tarde conocido como MAFO) impartió en ICADE un curso llamado «Competencia y desregulación en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones». Formé parte de sus alumnos. Si algún mensaje quedó claro en aquella asignatura fue que el sector eléctrico era un sector en el que no había competencia, ya que las mismas y pocas empresas que generaban se dedicaban a distribuir y comercializar.

participacionmercadoelectricoFuente: AGOSTI LUIS, PADILLA, A. JORGE y REQUEJO, ALEJANDRO. «EL “MERCADO” DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN ESPAÑA: ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO Y RESULTADOS. ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA EN LOS MERCADOS DE GENERACIÓN». AJUSTES REGULATORIOS EN EL SECTOR ELÉCTRICO ESPAÑOL. ECONOMÍA INDUSTRIAL, Nº. 364. 2007. MADRID http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/364/21.pdf

Pasamos seis meses estudiando el sector. Visitamos REE, OMEL, acudimos a conferencias en el Colegio de Economistas…realmente fue un curso muy interesante y con una conclusión clara: era necesario liberalizar y desregular el sector.

Pero el tiempo pasó, el PSOE ganó las elecciones y MAFO fue nombrado secretario de Estado de Economía. Una mañana, mientras escuchaba la radio, en una entrevista le preguntaron si el sector eléctrico estaba suficientemente liberalizado. Para mi sorpresa dijo que si, que estaba suficientemente desregulado. Donde dije «digo», digo «Diego».

José Alfredo Sánchez Álvarez

© histleg, Revista de Historia y  Derecho. Todos los derechos reservados.

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Guía de funcionamiento de la corrupción en España.

¿se ha fijado que todos los casos de corrupción en España siguen el mismo modelo? No se debe a una casualidad. El sistema político -institucional- favorece un tipo de corrupción específica: el de la financiación ilegal de partidos. En este artículo se lo explicamos.

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Esquema de la corrupción en España

Los españoles no votamos ni a diputados ni a senadores ni al presidente del gobierno. En las elecciones generales votamos a partidos políticos, a través del sistema de listas, que es lo que introducimos en el sobre electoral. Por tanto, el sujeto que debe de captar el voto en este sistema es el partido político.

Para esa captación de voto, los partidos políticos utilizan  a los medios de comunicación como los instrumentos más eficaces, ya que son los que permiten propagar el mensaje electoral y mediante recursos de manipulación (propaganda) obtener la querencia ideológica del ciudadano (fidelizar el voto).

Sin embargo, el uso de estos medios requiere de importantes cantidades de dinero que los partidos políticos no pueden sufragar mediante sus ingresos procedentes de las donaciones privadas o de la asignación pública. Necesitan más dinero, y por ello recurren a la financiación ilegal.

¿Cómo se capta esa financiación ilegal? Como los partidos políticos están presentes en las diferentes administraciones central, autonómica y local, por medio de sus políticos, utilizan las privatizaciones, licencias y la contratación pública para obtener ese dinero (comisiones) que piden a las empresas que se presentan a los concursos de la administración a cambio de ser las adjudicatarias.

En este sistema corrupto tanto partidos políticos como empresas se benefician: el partido político obtiene dinero en forma de comisiones y las empresas se adjudican los contratos públicos, lo que les implica un mayor negocio. Además, es un sistema vicioso, ya que tanto partidos políticos como empresas adjudicatarias están cada vez más interesadas en hacer más contratos y licencias que aumenten sus ingresos.

Sin embargo, para el ciudadano -contribuyente- los perjuicios son muchos:

  • aumento de impuestos, debido a un
  • aumento de los costes de las administraciones
  • aumento de los precios, ya que las empresas para poder abonar las comisiones ilegales a los partidos deben de obtener ese dinero de sus clientes
  • peor calidad de los servicios, ya que la calidad de servicio al contribuyente no es el fin perseguido
  • otros muchos indirectos
Pero no perdamos la pista del dinero ¿a dónde ha ido a parar el dinero obtenido en las comisiones ilegales? Los órganos de gobierno de los partidos políticos, así como sus tesoreros y todas las personas involucradas en las gestiones de financiación ilegal, suelen obtener una pequeña comisión por sus servicios prestados. Mientras, el grueso del dinero se destina a la maquinaria electoral, donde los medios de comunicación juegan el papel más importante.
Respecto a la forma de financiar a los medios de comunicación,podríamos hacer la siguiente clasificación:
  • Medios de comunicación privados (pueden darse varios de los siguientes casos en un mismo medio)
    • Inyecciones directas de dinero (a medios o periodistas concretos)
      • Por el propio partido político
      • Por empresas beneficiarias de la contratación pública
      • Mediante la financiación de bancos y cajas afines
    • Inyecciones indirectas de dinero (publicidad)
      • Publicidad pagada por las administraciones públicas donde gobierna el partido político
      • Publicidad pagada por empresas beneficiarias de la contratación pública
    • Compras de participaciones en empresas de comunicación por empresas beneficiarias de la contratación pública.
    • Concesiones de licencias de emisión
  • Medios de comunicación públicos, donde el partido político se ahorra el coste, ya que estos medios se mantiene con dinero público -coste soportado por el contribuyente-.
Este sistema no sólo resulta vicioso -como decíamos más arriba- por el beneficio común que pueda reportar a partido político y empresa adjudicataria. Además, como los partidos políticos mantienen una competencia por la victoria en las elecciones y su arma más poderosa son los medios de comunicación, se ven en la necesidad de captar cada vez más financiación ilegal para no quedarse rezagados y disponer de más medios de comunicación afines que les apoyen frente al resto de partidos. Y renunciar a esta mecánica supone un auténtico suicidio que nadie está dispuesto a asumir.

Suele ser bastante común que los medios de comunicación focalicen las noticias de corrupción en el político concreto que se ha identificado en las gestiones de financiación ilegal, como si fuera el único ladrón del dinero, sin remarcar suficientemente las operaciones que esa persona estaba realizando en nombre de su partido político. Es cierto que puede existir corrupción individual, de algún determinado político o funcionario que se apropie de dinero, pero el grueso de la corrupción es corporativa, ya que exige la connivencia del partido político.

Otro caso de corrupción que tiene lugar es el de los políticos (o familiares de políticos) que pasan a formar parte de la empresa privada (grandes empresas o empresas contratistas de la administración). En estos casos debemos de ver una forma de las empresas de acercarse al poder para alcanzar favores o pagar los ya recibidos.

Finalmente, no podíamos acabar sin puntualizar que este sistema político corrupto se manifiesta de forma algo diferente -aunque no menos intenso- en los municipios pequeños, donde la influencia de los medios de comunicación es muy reducida. En estos municipios se repite la lógica de captación de financiación ilegal a través del sistemas de licencias y contratación pública, pero la captación electoral se realiza por medio del sistema denominado «clientelar». Como dice el diccionario de la Real Academia Española, se trata de un «sistema de protección y amparo con que los poderosos patrocinan a quienes se acogen a ellos a cambio de su sumisión y de sus servicios»*. Esa protección o amparo del político municipal se materializa en la contratación de personas con cargo al presupuesto municipal y otra serie de ventajas a individuos, creando una figura de víctima y beneficiario a un mismo tiempo de la corrupción.

Este artículo sigue en… Soluciones a la corrupción española

José Alfredo Sánchez Álvarez

© histleg, Revista de Historia y Derecho. Todos los derechos reservados.

Soluciones a la corrupción española

Como expliqué en «el mapa del tesoro (robado): guía de funcionamiento de la corrupción en España», el problema de la corrupción se debe a la configuración del sistema político, del engranaje entre instituciones que permite y ampara el robo del patrimonio público.

Me queda ahora proponer algunas de las soluciones que considero imprescindibles para poder resolver esta situación.

  • Separación de poderes real (elección separada de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial) que permita un control efectivo y eficaz entre los distintos poderes. Ahora mismo no se controlan, no se vigilan entre sí porque todos los poderes son uno mismo: el legislativo, que nombra a ejecutivo y judicial (CGPJ, TS, TC).
  • Sustitución del sistema de listas (ya sean abiertas o cerradas, el partido elige a los representantes; los ciudadanos sólo votan)  por el uninominal mayoritario (los ciudadanos eligen a su representante)
  • Sistema de contratación pública (la fuente de las comisiones ilegales):
    • Creación de una Plataforma de contratación:
      • única para todas las administraciones
      • exclusión de criterios subjetivos; sólo criterios objetivos
      • ciega: una vez introducidos los criterios de selección, la propia plataforma determina el contratista, sin capacidad por parte de la Administración de modificar el resultado.
      • publicidad y transparencia total, incluye facturas de los contratistas
      • auditada
    • Consolidación de concursos (centrales de compras)
    • Eliminación de la subcontratación para:
      • Actividades de la administración que presta o recibe con caracter permanente
    • Eliminación de las privatizaciones para:
      • Actividades de la administración que presta o recibe con caracter permanente.
  • Sistema disciplinario:
    • Medidas sobre políticos (personas físicas):
      • Endurecimiento de penas
      • Auditoría del patrimonio previa y posterior al ejercicio de cargo público, incluyendo familiares hasta tercer grado. Prohibición de recibir regalos de cualquier tipo.
      • Juicio de gestión (incluye cumplimiento de legalidad, memorias económicas justificativas de gastos, resultados obtenidos…) al finalizar el cargo público que puede derivar en responsabilidad civil y/o penal.   Este juicio a los funcionarios públicos se hacía ya en tiempos de los reyes católicos y los austrias.
      • Responsabilidad de los miembros de los órganos de gobierno de los partidos políticos (civil y/o penal)
      • Incompatibilidad perpetua para colaborar con grandes empresas o empresas contratistas de la administración. Afecta a familiares hasta segundo grado. Cuando llegó Carlos V a Castilla, el cardenal Cisneros le aconsejó que ninguno de los consejeros de Castilla tuviera familiares con intereses privados que tocaran a los del reino.
      • Limitación de los puestos políticos en las Administraciones hasta 2 grados por debajo de ministro (estatal), consejero (autonómico), alcalde (local).
      • Eliminación de la contratación de asesores, grupos de expertos, etc. externos. Sólo se podrán constituir grupos de asesoramiento compuesto por funcionarios públicos.
    • Medidas sobre partidos políticos (organizaciones)
      • Publicidad / transparencia total de cuentas corrientes y facturas (con las limitaciones legales que procedan -protección de datos, por ejemplo-)
      • Prohibición de uso de dinero en efectivo.
      • Censo de cuentas y otros servicios bancarios (tarjetas de crédito, etc.) limitado y auditado.
      • Prohibición de mandato imperativo.
    • Medidas sobre colaboradores de la corrupción
      • Responsabilidad penal para personas que entreguen dinero en efectivo a partidos políticos o sus representantes.
      • Responsabilidad penal / administrativa para empresas que hagan donaciones a partidos políticos o sus representantes. Consecuencia: anulación todos sus contratos con la administración, prohibición de actividad relacionada, disolución de la empresa…

La corrupción en la concesión de contratos públicos ocurre en todos los paises del mundo, no sólo ocurre en España. Se trata de una potestad de los gestores del patrimonio público, los políticos presentes en la Administración, que por la importancia económica del presupuesto y las dificultades de control por parte de los otros poderes del Estado, tiende a corromperse.

En el caso de España, la falta de un verdadera separación de poderes agrava la impunidad: el poder ejecutivo y judicial no están interesados en controlar la acción del gobierno porque iría en perjuicio del jefe común que nombra a todos: el partido político.

Estas medidas pueden resultar muy contundentes, excesivas, limitadoras de la autonomía que requiere la gestión política, pero son imprescindibles para minimizar la corrupción.

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