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Categoría: Seguridad Jurídica

Sobre las medidas propuestas por el Gobierno en aplicación del art. 155 CE

Como consecuencia de los últimos acontecimientos en Cataluña, el Consejo de Ministros adoptó el pasado sábado la decisión de remitir al Senado una serie de medidas para el «cumplimiento forzoso» de las obligaciones legales que corresponden a la Comunidad Autónoma de Cataluña, fundamentando su decisión en el artículo 155 de la Constitución Española.

Destacan en este paquete de medidas, entre otras, la decisión de cesar al Presidente de la Generalitat y al resto de miembros de su Consejo de Gobierno, la disolución anticipada del Parlamento de Cataluña, la convocatoria de elecciones autonómicas en el plazo de seis meses y la orden a todos los niveles de la Administración de la Generalitat de actuar bajo las directrices de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación.

Cabe señalar que el artículo 155 no contempla la posibilidad de destitución de cargo autonómico alguno, sino —al contrario— la facultad de obligar a los cargos autonómicos al cumplimiento de las obligaciones legales y la protección del interés general. El texto es claro: «[el Gobierno] podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla [la Comunidad Autonoma] al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones». Lógicamente, no hay cumplimiento forzoso sino por aquel que se había opuesto y ahora es obligado a su aplicación. En este mismo sentido, el apartado 2 del mismo artículo añade: «Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas», recogiendo de nuevo la facultad el Gobierno para dar instrucciones que aseguren el cumplimiento de la ley y la defensa del interés general. El texto, también en su apartado 2, contempla que las medidas que adopte el Gobierno deberán de imponerlas a las autoridades de las Comunidades Autónomas, que serán éstas (y no otras) quienes la ejecutarán «forzosamente». En este sentido, la medida establecida por el Gobierno este sábado de obligar a la Administración de la Generalitat en su conjunto a actuar bajo las directrices de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno, sólo cabría si estos órganos o autoridades mencionados se designan por causas de eficacia en la transmisión de las instrucciones del Gobierno nacional al de Cataluña, pero nunca entendidos como una sustitución o cese de las autoridades catalanas, lo cual, nuevamente, sería contrario al artículo 155.

La decisión del Gobierno, por la que cesa a las autoridades autonómicas es una facultad de contenido político, principalmente en el caso del gobierno catalán, que no puede deducirse de la lectura del texto, más dirigido a resolver situaciones concretas. Por los mismos motivos tampoco se sostiene la facultad del Gobierno de disolver el Parlamento catalán o la convocatoria de elecciones. Estas medidas se encuentran muy alejadas de la previsión constitucional de hacer cumplir la ley y defender el interés general y sólo cabrían cuando, por ejemplo, el Parlamento catalán no procediera a convocar elecciones en el plazo establecido.

Cabe indicar que el artículo 155 no es el único instrumento que dispone el Gobierno para responder a las autoridades catalanas y desde luego debe rechazarse que las medidas «son congruentes con la gravedad de las actuaciones de las instituciones de la Generalitat de Cataluña, conducentes a poner en marcha un proceso de secesión» —como sostiene el documento del gobierno—. Cualquier acto de secesión requiere una reacción inmediata y eficaz de las autoridades, la cual no está prevista por el artículo 155, que establece unos plazos amplios, así como la intervención de varios organismos (Gobierno, Senado, Comunidad Autónoma) al estar pensado como un instrumento garantista antes que urgente ante un incumplimiento de la ley en el ámbito del ejercicio de las competencias autonómicas. Fuera de estos supuestos, para casos de mayor gravedad como la sedición, debería de recurrirse a lo contemplado en otras normas o artículos, como el artículo 116 de la Constitución o el Código Penal, que contemplan de forma particular cada caso.

El gobierno debería de haber sido muy cuidadoso en la aplicación del artículo 155 y desde luego no debería haberse excedido, mediante un claro abuso del Derecho, cuando tiene otros instrumentos y la finalidad es combatir —precisamente— la ilegitimidad y el exceso del gobierno catalán. Su torpeza da argumentos al gobierno catalán y se los resta al español, pone al gobierno de Rajoy a los pies de la oposición, propicia la intervención de organismos internacionales en favor del discurso secesionista, abre la vía a la paralización de las medidas mediante recursos ante el Tribunal Constitucional y lo más absurdo: el Gobierno podría haber propuesto unas medidas que igualmente obligaran al cumplimiento de la ley —finalidad última que se persigue— con la misma eficacia pero sin necesidad de transgredir el texto constitucional.

Contemplar cómo la ilegitimidad del Gobierno autonómico catalán encuentra una respuesta igualmente ilegítima en el Gobierno de la nación es preocupante. Las consecuencias del incumplimiento de la ley en Cataluña son conocidas por todos: pérdida de derechos y libertades, arbitrariedad, enfrentamiento social, crisis económica… Es de desear que esta situación no se extienda al resto del país y que en Cataluña se resuelva. El cumplimiento de la ley puede parecer exigente, pero es nuestra mayor garantía. Dura lex, sed lex 

 

José Alfredo Sánchez

Doctor en Derecho

 

Fuentes:

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Seguridad jurídica. Sólo Venezuela supera a España en reclamaciones ante el Banco Mundial

El Banco Mundial ha publicado los datos de contenciosos internacionales,  donde España sólo es superada por Venezuela en reclamaciones ante organismos internacionales.

Los problemas de seguridad jurídica perjudican seriamente la economía y atentan contra los derechos de las personas,  reflejando un comportamiento arbitrario de los gobiernos.

Fuente: http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/6937191/08/15/Solo-Venezuela-supera-a-Espana-en-reclamaciones-ante-el-Banco-Mundial.html#.Kku8eplKMNvws9m

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