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Etiqueta: DD.HH.

Informe jurídico sobre la reforma de la jurisdicción universal

La Sección de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Madrid ha remitido a los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales, el informe elaborado por el Grupo de Trabajo de esta Sección, constituido al efecto, el pasado 18 de febrero.

Para consultar el informe: pinchar aquí.

Fuente: ICAM

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La violación sistemática de derechos fundamentales en España (II): la libertad de expresión.

Continuamos con la serie «La violación sistemática de derechos fundamentales en España» con el derecho a la libertad de expresión. La semana pasada han tenido lugar tres episodios de restricción a la libertad de expresión -todos ellos con impacto internacional-, lo que justifica sobradamente esta entrada.

El primer ataque a la libertad de expresión se realizó desde la mismísima presidencia del gobierno contra el canal internacional de noticias económicas «Bloomberg». En un episodio vergonzoso de censura, «Bloomberg» confirmó que, tras la entrevista realizada al presidente del gobierno español Mariano Rajoy, el equipo de comunicación del presidente solicitó que no se emitiera la parte de la entrevista que aborda el caso Bárcenas. El canal no atendió ésta solicitud y emitió la entrevista íntegramente. Entre lo dicho por el presidente español tuvo especial impacto «Hay cosas que no se pueden demostrar».

Otra actuación del gobierno español -la expulsión de los observadores de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa)- dió lugar a que esta organización emitiera una nota de prensa expresando su preocupación por las restricciones del gobierno español a que supervise la concentración “Jaque al rey”, organizado por el movimiento 25-S. El hecho de que las autoridades españolas no quieran la presencia de observadores internacionales -recoge la nota de prensa de la OSCE- «plantea preocupaciones sobre sus intenciones mañana», en referencia al posible uso de la fuerza por parte de la policía española y la consiguiente violación del derecho de manifestación. Este comportamiento de las autoridades españolas ha sido denunciado en los últimos meses por histleg.com aquí, junto a otras organizaciones internacionales.

Con todo, el más desmedido ataque a la libertad de expresión (por dirigirse contra una persona en concreto y por partir desde un medio de comunicación) tendría lugar a principios de semana desde el periódico «El País» y otros medios de comunicación afines al PSOE. En una auténtica caza de brujas contra el jurista de reconocido prestigio internacional Miguel Ayuso, el mencionado periódico publicó en portada y durante dos días artículos en los que se criticaban sus opiniones jurídicas sobre la constitución española de 1978 y determinados políticos. El periódico no se quedó en la mera crítica y solicitó que —como militar que es— se le sancionara en base al régimen disciplinario castrense, que establece sanciones por realizar manifestaciones contrarias a la Constitución. Tristemente, la denuncia fue más allá, presentando a Miguel Ayuso como apologeta del franquismo y la guerra civil, cuando el jurista nunca se ha manifestado en tal sentido -sino en el contrario-.

La fuerza de tantos medios de comunicación, repitiendo un mismo mensaje, ha hecho que las manifestaciones de apoyo al jurista Miguel Ayuso (Juan Manuel de Prada, Antonio García-Trevijano…), incluso dentro del propio periódico «El País», aunque contundentes, hayan sido muy escasas. Desde histleg.com hemos abierto una suscripción de firmas que solicita una rectificación a «El País» en defensa de la libertad de expresión y el derecho al honor. Ya se han unido importantes organizaciones internacionales. Únete tu también.

No deja de ser sorprendente que sean los medios de comunicación quienes ataquen a un ciudadano por sus opiniones -cuando precisamente éstos deberían de defender la libertad de expresión-. Pero este hecho no es una novedad. La generalidad de los medios de comunicación, como partes integrantes del sistema partitocrático español, atacan radicalmente todo aquello que ofrece una visión crítica sobre la transición española y, por extensión, del actual sistema político. Las críticas son tratadas como herejías y se ataca con impiedad a cualquier pensador que pueda ofrecer una perspectiva nueva. Si para ello es necesario atentar contra sus derechos fundamentales individuales y colectivos, no hay obstáculo. La dignidad de la persona es un valor minúsculo frente a los intereses de la casta política. Que las víctimas superen el nivel intelectual o moral de sus verdugos tampoco es un estorbo para aquellos que sólo atienden a sus propias sinrazones.

Las denuncias de periodistas al libre ejercicio de la profesión, tanto durante los gobiernos del P.P. como del P.S.O.E., son múltiples. En Internet se pueden encontrar numerosos testimonios:

Las cosas van tan mal para el régimen no democrático español, que la única conquista realizada desde la transición (el régimen de libertades fundamentales -la libertad de expresión en los medios de comunicación (como integrantes del sistema partitocrático) nunca se consiguió plenamente-) se ve amenazada por una clase política obsesionada en ocultar la verdad al ciudadano (los casos de corrupción masivos —que afectan a todas las instituciones del Estado—, la disposición y reparto del patrimonio público, la falta de democracia, la mala marcha de la economía, el deterioro de las condiciones sociales, la pérdida de convergencia con Europa…)

A muchos ciudadanos les podrá sorprender que, desde el comienzo de esta crisis, los partidos políticos estén monitorizando los indicadores sociales más importantes: tasa de paro, de familias sin ningún ingreso, de pobreza… Saben que el estallido social está cerca (el PSOE tenía previsto el inicio de protestas sociales de gran conflictividad para el mes de octubre). La clase política tiene miedo a perder sus privilegios y —por ahora— sólo han visto en la violación de los derechos fundamentales el modo de asegurar su supervivencia.

La violación sistemática de derechos fundamentales en España (I). El derecho de manifestación.

Planteamiento inicial

Desde los poderes públicos españoles (con independencia del partido político que se halle en el poder y del tipo de administración -estatal, autonómica o local-) se han producido violaciones sistemáticas de derechos fundamentales.Las denuncias (recomiendo leer los links siguientes) -generalmente realizadas por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o la Unión Europea- no tienen trascendencia pública ni consecuencias y las que llegan a los juzgados (labor meritoria de la judicatura no reconocida justamente), a lo que más alcanzan es a la compensación económica por el daño causado -cuando muchas veces ese daño es irreparable- sin que, en ningún caso, los responsables políticos se vean sometidos a ningún tipo de investigación y rara vez los funcionarios.

Desde una perspectiva jurídica, alejada de posicionamientos políticos -intentémoslo-, abro una serie de entradas en el blog sobre «la violación sistemática de derechos fundamentales en España» preocupado por el aumento de casos en los que las diferentes autoridades públicas atentan contra los derechos de los ciudadanos y por tanto contra su dignidad.Los derechos fundamentales de la persona son la esencia de la convivencia pacífica y justa. Su violación produce sufrimiento en las personas y la sociedad en su conjunto pierde la libertad para estar sujeta al poder imperante.

El derecho de manifestación.

Artículo 21 de la Constitución Española

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

La semana pasada estuve con unas amigas hablando sobre los famosos y polémicos escraches. Pensaba que tras el auto del juez Marcelino Sexmero por el caso del escrache en la casa de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se había aclarado la extensión del derecho de manifestación, pero pude ver que no. La verdad es que pienso que nunca estuvo confuso, sino que la confusión vino a instalarse entre nosotros alentada -evidentemente- por los interesados  en tal confusión: el objetivo de los escraches, los políticos. Y es que resulta sorprendente que una normativa tan clara y reducida pueda generar tantas discrepancias, llegando a entenderse algo diferente a lo que la ley dice. Intentemos aclararlo -precisamente- acudiendo al texto de la ley.

El artículo 21 de la Constitución Española establece que:
1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.
2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.
Lo he subrayado en el texto del artículo y es importante recordar que el derecho de manifestación es un derecho que para su ejercicio no requiere de autorización previa, aunque si exige comunicación previa -algo totalmente diferente (autorización / comunicación)-. En ningún caso es un derecho que se ejerce tras autorización de la autoridad, sino que -al contrario- la autoridad sólo podrá prohibir su ejercicio cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes, como por otra parte es lógico. Y es que para su puesta en práctica los derechos fundamentales no requieren de autorización, ya que -por el hecho de ser fundamentales-, los poderes públicos no pueden oponerse o restringir tal ejercicio a no ser que sea ante la posibilidad de generar otro daño.
En esta línea, la ley de desarrollo del artículo 21 de la Constitución, la ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, en su artículo tercerodice:
Artículo 3.
1. Ninguna reunión estará sometida al régimen de previa autorización.
2. La autoridad gubernativa protegerá las reuniones y manifestaciones frente a quienes trataren de impedir, perturbar o menoscabar el lícito ejercicio de este derecho.
Vuelve la norma a decir en su apartado 1 que para el ejercicio del derecho no se requiere autorización previa y es la autoridad quien debe de proteger el libre y lícito ejercicio del derecho (párrafo segundo).Y el artículo 10 indica los motivos para su prohibición. Son motivos muy tasados, como corresponde a las circunstancias limitativas de un derecho fundamental.

Artículo 10. Si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación. La resolución deberá adoptarse en forma motivada y notificarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde la comunicación  […]

Como veíamos, el ejercicio del derecho de manifestación no puede causar daños a personas o bienes, estableciéndose sanciones para quien incumpla la normativa. Artículos 4 y 5 y 513 del Código Penal:

Artículo 4. Apartado 3. Los participantes en reuniones o manifestaciones, que causen un daño a terceros, responderán directamente de él. Subsidiariamente, las personas naturales o jurídicas organizadoras o promotoras de reuniones o manifestaciones responderán de los daños que los participantes causen a terceros, sin perjuicio de que puedan repetir contra aquéllos, a menos que hayan puesto todos los medios razonables a su alcance para evitarlos.

Artículo 5. La autoridad gubernativa suspenderá y, en.su caso, procederá a disolver las reuniones y manifestaciones en los siguientes supuestos:a) Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las Leyes penales.b) Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes.c) Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes.

Artículo 513 del Código Penal

Son punibles las reuniones o manifestaciones ilícitas, y tienen tal consideración:

1.º Las que se celebren con el fin de cometer algún delito.

2.º Aquéllas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso. 

En definitiva, comenzando en la Constitución y continuando en las normas de desarrollo, se repite el requisito de no alterar el orden público, poniendo en peligro a personas o bienes como elemento básico a partir del cual el derecho de manifestación es legítimo. El derecho de manifestación, por aclarar, no permite atentar contra otros derechos (dignidad, propia imagen, etc.) que una persona pueda tener. No se puede insultar, dañar edificios, mobiliario urbano, etc, porque el derecho de manifestación simplemente consiste en dar a conocer públicamente una opinión y en ese ejercicio todo lo que no sea cometer un delito está permitido -guste o no la opinión expresada-. Así lo aclaró el propio presidente del Tribunal Supremo.

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A partir de aquí debemos de analizar si el escrache mencionado o cualesquiera otros incurren en los supuestos de la norma o en otros supuestos denunciados por la vicepresidenta (coacciones).Si nos atenemos a la norma que acabamos de leer, mientras no se incurra en peligro para las personas o bienes cualquier escrache será legal. En el caso concreto del escrache a la vicepresidenta, según el auto del juez, atendiendo a la información facilitada por la policía: en ningún caso corrió peligro la integridad física de las personas que se encontraban en la casa de la vicepresidenta ni tampoco sus bienes, ni tampoco se atentó contra su dignidad por medio de insultos u otros delitos. Por tanto no ha lugar a su prohibición y el ejercicio del mismo es legítimo y correcto.

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Respecto al delito de coacciones (artículo 172 del Código Penal), para que tal delito tenga lugar, debe de emplearse la violencia como condición necesaria, circunstancia que no tuvo lugar.

Delito de coacciones. Artículo 172.

1. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere* a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.

Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código.

*Compeler: obligar a alguien, con fuerza o por autoridad, a que haga lo que no quiere. (Fuente: DRAE)

Curiosamente cabría preguntarse, si la policía incurre en el tipo descrito -se dan las dos circunstancias de uso de la fuerza y la autoridad-, en su párrafo segundo, al prohibir a los manifestantes el ejercicio de su derecho y si los mandos policiales se encontrarían, además de en este supuesto de coacciones, dentro del supuesto del delito de prevaricación artículo 404:

Artículo 404. A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

Dicho todo esto y siguiendo el literal de la ley, espero haber aclarado los aspectos que sobre el derecho de manifestación se han puesto en duda recientemente.

Argumentos deslegitimadores del derecho de manifestación

No es menos cierto que los llamados escraches suponen una invasión de la (llamemos) paz familiar del político de turno. Supongo que a nadie nos gustaría ser objeto de uno -como tampoco nos gustaría que nos criticaran por los medios de comunicación-, pero no podemos por ello decir que son ilegales, como le tuvo que recordar el juez Sexmero a la vicepresidenta. Porque que la familia se moleste no es un bien jurídico protegido. Y si es así, habría que preguntarle a las familias que viven en lugares que a menudo son paso de manifestaciones (paseo de la Castellana en Madrid, por ejemplo), si ellos no deberían tener el mismo derecho cuando las manifestaciones transcurren por delante de su casa.

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Uno de los argumentos (emocionales) que se han utilizado es que los niños eran víctimas. Ciertamente es un argumento trampa, nada jurídico. La primera pregunta es si alguien puede ser víctima del ejercicio de un derecho fundamental. De igual manera, también serían víctimas si leyeran periódicos, escucharan radio o vieran televisión crítica con sus padres. El derecho de manifestación o el de libertad de expresión puede molestar a algunos, pero son derechos básicos de toda sociedad libre.

En este sentido debemos de hacer mención a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre el escrache a la consejera de educación Dolores Serrat. Éste tribunal ha manifestado que «se trata de una perturbación desproporcionada del derecho a la intimidad personal y familiar que no tiene que ser soportada por el destinatario del mensaje que pretenden trasmitir los convocantes». Me parece especialmente preocupante la argumentación utilizada por el tribunal. Pienso que incurre en dos errores: en un error conceptual y en un error legal (alegal). Es alegal porque se inventa unos nuevos límites al derecho de manifestación (no hay daño a personas o bienes ni atenta contra el orden público). Y por querer dar apariencia de legalidad utiliza como bien jurídico atacado el de la intimidad, cuando (segundo error -conceptual) intimidad en español, ya sea semánticamente o en España jurídicamente hablando se refiere a la «zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia» (ver DRAE). Es decir, si alguien se pone a gritar delante de nuestra casa no le decimos que está atentando contra nuestra intimidad. Se lo diremos si da a conocer fotografías privadas, nuestro historial médico…  Basta leer el artículo séptimo dela Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, donde se regula el derecho a la intimidad, para percatarse que la argumentación del TSJ aragonés difícilmente tiene cabida en dicho artículo. Afortunadamente, la argumentación utilizada por el alto tribunal de justicia de Aragón no se ha generalizado en otros tribunales.

Existen otros argumentos deslegitimadores -que tampoco compartimos-, señalando que el escrache es «acoso» o «nacismo puro», pero al no ser argumentos jurídicos, no entraremos a debatirlos.

Las consecuencias de restinguir un derecho fundamental

Con todo, el hecho de que una vicepresidenta del gobierno presente una denuncia en el juzgado contra un escrache es lo que más debe de llamarnos la atención. Nadie -y menos un representante público- en una sociedad que reconoce los derechos fundamentales de la persona -como el derecho de manifestación- debería tomar acciones para restringirlos, como ha hecho la vicepresidenta del gobierno. Quizás no se haya dado cuenta de las implicaciones -algo que debemos de poner en duda dada su formación jurídica- pero mediante esta denuncia no sólo estaba defendiendo la tranquilidad de su casa, sino que estaba intentando limitar un derecho esencial en una sociedad libre, como es el derecho de manifestación.

Hagámonos la pregunta ¿qué hubiera ocurrido si el magistrado Marcelino Sexmero Iglesias hubiera dado la razón a la vicepresidenta? La respuesta es que se habría infringido un ataque profundo al régimen de libertades, al libre ejercicio de los derechos fundamentales en España, limitando el derecho de manifestación, obligando a los ciudadanos a ejercer su derecho cuando, como y donde diga la autoridad (cuando, como y donde no moleste). Una aberración y una limitación del derecho inadmisible.

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