Gracias al protocolo, las ceremonias de sanción de la ley orgánica de abdicación de ayer 18 y la de proclamación de hoy 19 pueden ser analizadas de una manera más profunda, analizando los mensajes que deliberadamente se han querido lanzar, más allá de los discursos o los gestos.
Los mensajes protocolarios nos ofrecen una gran seguridad a la hora de su interpretación ya que sabemos que han sido estudiados y negociados cuidadosamente por las distintas jefaturas de protocolo antes de que los actos tengan lugar y con una finalidad comunicativa concreta. Poco queda a la improvisación. No me detendré en los errores típicos de protocolo, sino en aquellas decisiones de protocolo que han dado lugar a mensajes que creo que se deben de analizar. La principal de todas ellas es la usurpación o reducción de hecho de las funciones que la Constitución reserva al poder legislativo y el sometimiento de este poder al ejecutivo y a la Corona.
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Ceremonia de sanción
La ceremonia de sanción de la ley orgánica destacó por la presencia de los príncipes de Asturias y por la cesión del asiento del rey saliente (don Juan Carlos) al entrante (don Felipe). Considero que ambas cosas nunca debieron realizarse: la presencia de don Felipe por innecesaria y la cesión del asiento por respeto a las Cortes, que es a quien corresponde el papel de proclamar al nuevo rey.
Con la cesión del asiento presidencial por don Juan Carlos a don Felipe, el mensaje que se ha lanzado a la ciudadanía era que el rey saliente era quien investía, proclamaba o reconocía en ese mismo momento al rey entrante y por tanto podía hacerlo, tenía ese derecho. Fue una especie de ceremonia de proclamación pero la proclamación sólo podía tener lugar hoy ante las Cortes. El rey saliente se atribuyó en ese momento un poder que no tenía y redujo la importancia que las Cortes tienen como representantes de la soberanía popular al nivel de mero testigo para la ceremonia de proclamación de hoy. Este aspecto tiene especial importancia en un país en el que no existe separación de poderes ni material ni formal y lanza un mensaje muy negativo del papel que tienen los representantes del poder legislativo como representantes últimos de la voluntad popular, sometido en este caso al poder del rey.
Podríamos analizarlo como un acto de deferencia y cariño de un padre con un hijo, pero cuando uno no tiene una atribución, utilizarla sin permiso del que la tiene es atentar contra sus derechos.
Acto previo de imposición de don Juan Carlos de la faja de capitán general a don Felipe
Este acto me resulta incomprensible que se haya realizado con anterioridad a la proclamación. Considero que el acto de traspaso de poderes militares, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, debería de tener lugar, aceptando que sea con el ceremonial y protagonistas que se ha utilizado (también discutible) en un momento posterior al de proclamación, que es el relevante para que el nuevo rey asuma todas sus funciones. Por ejemplo, no se vería lógico que sancionara ninguna ley antes de su proclamación. Debemos recordar que la constitución otorga al rey la jefatura de las Fuerzas Armadas en su letra h) (sancionar las leyes es la primera) dentro del artículo 62 de la Constitución Española y tampoco se encuentra en la definición de sus funciones esenciales que realiza el artículo 56:
El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.
Nuevamente nos encontramos con un ejercicio de funciones incorrecto, por el momento, los protagonistas y la potestad ejercida. Las Cortes vuelven a presentarse como un poder no efectivo, sujeto a la voluntad del monarca, que traspasa los límites constitucionales.
Además se observa una clara reminiscencia sobre el anterior régimen autoritario, donde el ejército juega un papel protagonista en la vida institucional. Era un momento para haber superado este estado de cosas, mas en la línea del texto de la Constitución y no se ha hecho, ni por la ceremonia ni por la etiqueta, al llevar don Felipe un uniforme militar. Si acudimos a casos similares y recientes, ni el rey de Holanda utilizó uniforme militar ni por supuesto los presidentes de las repúblicas de Francia o Estados Unidos de América, a pesar de ser sociedades mucho mas militarizadas que la española.
Ceremonia de proclamación
La ceremonia de proclamación comenzó con una revista a los tres ejércitos. Nuevamente la presencia del elemento militar considero que era excesivo para el momento.
También considero que ha sido excesivo el papel dado a la figura del presidente del Gobierno. Creo que su presencia debería haber sido más reducida.
Nuevamente nos encontramos ante el mensaje de que el poder ejecutivo es el más importante y que se encuentra por encima del legislativo y judicial.
El nuevo rey juraba ante las Cortes. Éstas eran las anfitrionas. La recepción en dos pasos (primero el presidente del Gobierno y luego los presidentes de las Cortes) era innecesario. El presidente del gobierno debería de haberse colocado junto a los representantes del poder judicial en el momento de la recepción, como un poder igual. En el momento de la proclamación, debería, al menos, haber cedido el lugar a los presidentes de las Cortes. Así, por ejemplo, con ocasión de la proclamación de Juan Carlos I, el Gobierno, encabezado por su presidente, don Carlos Arias, ocupaba el «banco azul».
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En definitiva, el protocolo es un instrumento muy útil para analizar los actos políticos como los que hemos visto ayer y hoy. Me hubiera gustado que la lectura hubiera sido más positiva y se hubieran superando lastres del pasado. Esperaba que se escenificara una nueva forma de ejercer el poder, la mejora del funcionamiento de las instituciones y poderes públicos. Tristemente no ha sido así.
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